El gobierno del viejo Estado
boliviano devenido en su nueva forma, el Plurinacional, junto a la dirigencia
de los Cooperativistas Mineros había
instruido[1] a la
Asamblea Plurinacional la aprobación del Proyecto de Ley de Minería, sin
ninguna modificación. Sin embargo, ante el repudio generalizado contra el
mismo, algunos representantes nacionales se vieron obligados a apartarse de esas instrucciones arguyendo que el Art. 132 y el
Art 151 eran contrarios a la
Constitución Política del Estado. De nada sirvieron las amenazas y presiones
ejercitadas por élite de los Cooperativistas Mineros para que se apruebe dicho
proyecto sin ninguna modificación, al extremo de que recurrieron al bloqueo de
caminos con el saldo de dos muertos y decenas de heridos como consecuencia de
enfrentamientos con los efectivos policiales[2].
Oportunamente denunciamos el
carácter antinacional y neoliberal del Proyecto de Ley de Minería, porque
respondía a los intereses de un emergente nuevo “súper-estado cooperativo
minero” aliado de las transnacionales, por lo que exigimos a las Universidades
Publicas a pronunciarse en contra de este Proyecto de Ley Minera, entreguista y
depredador antes de que la Asamblea Plurinacional lo sancione. También hicimos
un llamado para se pronuncien los
Colegios de Abogados, las instituciones defensoras de los recursos
naturales de nuestro país, a las instituciones cívicas del Departamento de
Oruro y Potosí, principalmente, a los profesionales e intelectuales, y en
general todos los trabajadores y pueblo de Bolivia.
Al asumir una posición firme en la defensa de nuestros recursos naturales
no renovables ante la voracidad irracional
del “súper-estado cooperativo
minero” aliado de las transnacionales, afirmamos sin equívocos que, la
dirigencia traidora, servil y oportunista de la otrora y gloriosa Federación
Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, estaba al servicio de los nuevos
patrones (barones del oro) y que consiguientemente no defenderían los intereses
nacionales, ya que fueron parte del corifeo del “jefazo” que instruyó a la
Asamblea Plurinacional aprobar el Proyecto de Ley de Minería sin cambios ni
modificaciones.
El clamor popular de rechazo fue
creciendo día a día en contra del tensionamiento de fuerzas que exhibió el
“súper- estado minero”. El gobierno se mostraba casi sitiado por un “poder” que
pretendía enseñorearse sobre él mismo viejo Estado, coaccionando a violar su propia Constitución Política, llegando a
amenazar al “Jefazo” con “bajarlo”[3]
sino se aprobaba el proyecto de Ley de Minería rechazando cualquier
modificaciion. En las mismas filas de los denominados “movimientos sociales”
afines al gobierno, se sintió algunas voces
disidentes contra la instrucción del “Jefazo” y del “súper-estado cooperativo
minero”.
La dirigencia servil y traidora
de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y de la
Central Obrera Boliviana, al no pronunciarse oportunamente en contra del
Proyecto de Ley Minera, con su dejadez e indiferencia demostraron su papel de
celestinos a favor de los intereses del “súper-estado cooperativo minero”
aliado de las transnacionales; y solamente reaccionaron, cuando el mismo
gobierno fue arrinconado por el clamor popular que rechazó los Articulos 132, el Art. 151 y
otros por ser totalmente antinacionales y anticonstitucionales[4].
Es de conocimiento publico que dicho proyecto fue elaborado en “consenso” de
estos dirigentes traidores a su clase, nada menos junto a la elite de las
Cooperativas Mineras y los burócratas del viejo Estado boliviano devenido en
Plurinacional, no obstante de que consta
a todos los bolivianos que las Cooperativas dejaron de tener un carácter social
y persiguen fines de lucro, dedicándose a succionar nuestra riqueza sin pagar
tributos, depredando la naturaleza y destruyendo el medio ambiente, explotando
a sus trabajadores sin cumplir las leyes sociales y utilizandolos como carne de
cañón para defender intereses ajenos y mezquinos. Empero, las bases del
Sindicato Minero de Huanuni, rebasaron y obligaron a los dirigentes
oficialistas, a pronunciarse en contra del Proyecto de Ley de minería[5].
Las denuncias oficiales[6]
posteriores de que algunas y muy importantes Cooperativas Mineras habían
suscrito contratos con las empresas
privadas y transnacionales, confirmaron la justeza de nuestra línea cuando
oportunamente afirmamos el carácter antinacional y neoliberal del proyecto de Ley de Minería que respondía a
los intereses de un nuevo “súper-estado minero cooperativo” aliado de la
minería mediana y de las transnacionales. Los “falsos revolucionarios” y los
“revisionistas” tambien guardaron un silencio mas que parecido a la estupidez,
y cuando el gobierno fue obligado a retroceder al ultima hora se rasgaron sus
vestiduras para sumarse hipócritamente a nuestra posicion.
El mismo gobierno finalmente (luego
de sus propias contradicciones sobre el tema) tuvo que admitir que el proyecto
de Ley de Mineria violaba la Constitucion Politica, no osbaste que fue
participe en su redaccion junto a su Ministro de Mineria, a quien finalmente lo
sacrificaron como a un “chivo expiatorio” destituyendolo de su cargo, y demas
show como el precintado de algunas dependencias administrativas de la COMIBOL,
dizque para investigar contratos mineros de las Cooperativas Mineras con las
empresas privadas y las transnacionales (es el reflejo de la incapacidad del gobierno
que recien se dio cuenta de la existencia de dichos contratos, nada menos que
el Ministerio de minería, COMIBOL, SENARECOM y SERGEOTECMIN fueron y siguen
presididos siempre por “masistas”).
Sin embargo tenemos nuestras
sobradas sospechas de que el gobierno podría de alguna manera perforar la
Constitución Política en lo relativo a los contratos mineros suscritos por
algunas cooperativas mineras con la empresa privada y las transnacionales, ya
sea mediante ficciones jurídicas o leguleyescas, o en su caso a cambio de
algunas ventajas, recursos o beneficios extensivos a favor de un cooperativismo
(que desde hace mucho tiempo dejaron de ser organizaciones de carácter social y
sin fines de lucro) a cambio de que se sometan a la Constitución Política. No
olvidemos que ya estamos en una coyuntura electoral y desde luego que no
conviene perder una “base social importante” para el gobierno, aunque de sobra
sabemos que tambien fueron importantes para todos los anteriores gobiernos
neoliberales, de quienes obtuvieron toda clase de beneficios, privilegios y
tratos especiales.
En las negociaciones del gobierno
con la elite del Cooperativismo Minero que defiende sus relaciones societarias
con la empresa privada y las transnacionales, según sus dirigentes que fueron “excepcionalmente”[7],
al margen de la Constitución del Estado burgues y terrateniente, no participan
varios sectores sociales involucrados, como los campesinos (la mayoría de sus
dirigentes cooptados a la anti política minera del gobierno) para defender sus
tierras, territorios y el medio ambiene frente a la actividad depredadora de la
naturaleza por parte de las Cooperativas Mineras. Para nadie es un secreto que
estas, no tienen ningun reparo de cuidado, conservacion y preservacion de los recursos
naturales y del medio ambiente. Los
campesinos deben luchar para que sobre la base de las Comunidades Campesinas se
cnstituyan las UNIDADES SOCIALES DE PRODUCCION COMUNITARIA CAMPESINA (con la
totalidad de los miembros de la Comunidad) con plenas facultades para dedicarse no solamente a las actividades
agrícolas, agropecuarias, agroindustriales, sino también con derecho preferente
frente a las Cooperativas, para dedicarse a la explotación de yacimientos
mineros, con asistencia técnica y apoyo del Estado.
Asimismo, el gobierno debe
definitivamente reestructurar, fortalecer y consolidar una COMIBOL que se
constituya verdaderamente en una empresa estatal estratégica que delinee una
política rectora y protagónica en la prospección, explotación,
industrialización y comercialización de los minerales o sea en toda la cadena
productiva, en beneficio de todos los bolivianos, con derecho preferente
imprescriptible en todo tiempo y espacio, sin restricción alguna, tal como se
pretende en su contra en el Proyecto de Ley Minera, como si fuese un particular
aplicando normas de prescripcion de derechos a los seis meses.
Si en verdad el gobierno que dice
defender el interés de todos los bolivianos, tendra que ejecutar la programación
de medidas de nacionalización de los yacimiento mineros más importantes que
fueron entregados a la empresa privada y las transnacionales mediante las
Cooperativas Mineras, incluyendo otras como la ex San Cristóbal que deben
potenciar a la COMIBOL. Ninguna adecuación
contractual con los privados, tal como lo hicieron en YPFB, al cual, el
gobierno lo denomina pomposa y demagógicamente como “nacionalización”.
Finalmente, el pueblo en su
conjunto debe impedir que el gobierno y las Cooperativas Mineras, se impongan aprobando
por “consenso” un Proyecto de Ley mediante fórmulas legulegescas y ficciones
jurídicas para complacer intereses de la empresa privada y las transnacionales
mediante una elite de las Cooperativas Mineras, las que virtualmente se han convertido en un
especie de “súper- estado minero cooperativo” de carácter totalmente
antinacional, a vista y paciencia del viejo Estado burgues y terrateniente
(Plurinacional).
[1]http://www.wkmradio.com/mediodia_proc.asp?ID=5308#.U0awB6Jsv3U
[2]http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2014/0401/noticias.php?id=124183
[3]http://www.elpotosi.net/2014/04/01/16.php
[4]
Contradicen los Arts. 158Paragrafo I Numeral 12; Art. 370 Parágrafo I y II; Art.
310; Art. 311 Parágrafo II Numeral 2; y
Art. 349 Parágrafo I de la Constitución Política del Estado.
[5]http://escuelanacionaldeformacion.blogspot.com/2014/03/observaciones-del-sindicato-minero-de.html
[6]http://www.laestrelladeloriente.com/noticia-completa.php?idnoticia=26750
[7]http://www.eldia.com.bo/index.php?c=&articulo=Cooperativistas-admiten-la-existencia-de-contratos-con-empresas-privadas&cat=148&pla=3&id_articulo=142525
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